Las leyes federales establecen que la policía o la fiscalía están obligadas a informar a los migrantes en situación de residencia irregular al servicio de asuntos exteriores. Por lo tanto, una víctima o testigo que denuncie un delito contra un migrante en situación de residencia irregular corre el riesgo de que esta persona sea detenida o de recibir la orden de abandonar el país. A nivel local, no existe ninguna buena práctica para abordar este problema.